El Estado no puede ponerle techo a la voluntad colectiva
Por el Dr. Franco Daniel Peñas
Abogado. Dirigente gremial del Sindicato de Empleados de Comercio.
En las últimas semanas hemos sido testigos de un avance preocupante por parte del Gobierno nacional sobre un pilar fundamental del Derecho del Trabajo: la negociación colectiva.
Mediante maniobras administrativas, declaraciones públicas y presiones indirectas, se intenta condicionar —cuando no bloquear directamente— acuerdos salariales ya alcanzados entre sindicatos y empleadores. La excusa: el supuesto impacto inflacionario o la necesidad de “ordenar” el gasto. La realidad: un ataque directo a la autonomía colectiva de los trabajadores.
Como abogado laboralista y como dirigente sindical, no puedo callar ante esta situación.
El límite lo pone la Constitución
Nuestra Constitución Nacional es clara: el artículo 14 bis garantiza expresamente el derecho a la negociación colectiva. Ese derecho no es simbólico ni secundario. Es una herramienta viva, mediante la cual los trabajadores organizados pueden equilibrar la desigualdad estructural frente al poder económico.
Cuando el Poder Ejecutivo se arroga la facultad de “revisar”, “autorizar” o “convalidar” los aumentos acordados en paritarias, está cruzando una línea muy peligrosa: se coloca por encima de la voluntad colectiva.
Y lo hace sin base legal. La ley 14.250, que regula las convenciones colectivas, no otorga al Ministerio de Economía ni al Jefe de Gabinete ninguna atribución para intervenir en los acuerdos. La homologación es una formalidad legal a cargo del Ministerio de Trabajo, no una instancia de censura política ni fiscal.
¿Qué hay detrás de esta avanzada?
La respuesta es sencilla: una lógica de ajuste. Pero no sobre los grandes grupos económicos, ni sobre los formadores de precios. El recorte se dirige, una vez más, contra los trabajadores. Se busca convertir a las paritarias en un simulacro, una ficción vacía que no altere los “números” del poder.
Esto no solo es jurídicamente inadmisible, sino también social y políticamente torpe. Porque al cercenar los canales institucionales de la negociación, el Estado empuja a los trabajadores a la conflictividad directa, debilitando la paz social que dice querer preservar.
La respuesta tiene que ser colectiva
No alcanza con rechazar esta avanzada desde los escritorios. Es momento de reforzar la unidad del movimiento obrero, de articular acciones conjuntas, y de visibilizar ante la sociedad que este tipo de decisiones vulneran derechos básicos.
Desde el derecho internacional del trabajo, Argentina está obligada a garantizar la libertad sindical y la negociación colectiva sin injerencias. Así lo establecen convenios como el 87, 98 y 154 de la OIT, todos con jerarquía constitucional.
Si el Gobierno persiste en esta línea, corresponde no solo resistir gremialmente, sino también recurrir a las vías judiciales y a los organismos internacionales, con todas las herramientas que nos brinda el derecho y la democracia.
En definitiva, ningún gobierno puede reemplazar la voz de los trabajadores organizados. Si permitimos que se les ponga techo a nuestras paritarias hoy, mañana pondrán techo a todos nuestros derechos.