Fallo contra Cristina Kirchner: análisis

Por el Dr. Franco Daniel Peñas, abogado

El reciente fallo que confirma la condena contra Cristina Fernández de Kirchner en la llamada causa Vialidad constituye, desde una perspectiva jurídica, un hecho de extrema gravedad institucional. Esta sentencia se presenta como un ejemplo paradigmático del lawfare en Argentina, en el cual la justicia penal se convierte en herramienta de disciplinamiento político.

Ausencia de pruebas y violación al debido proceso

La condena por “administración fraudulenta en perjuicio del Estado” no se sustenta en pruebas directas que acrediten la participación dolosa de la expresidenta en los hechos investigados. Muy por el contrario, se basa en conjeturas e interpretaciones amplificadas de su rol institucional, presumiendo que el poder político implica responsabilidad penal automática.

Una narrativa construida más desde la política que desde el derecho

Los fiscales plantearon la existencia de una “asociación ilícita” sin demostrar de manera fehaciente una estructura organizada delictiva ni hechos concretos atribuibles a Cristina Kirchner. Esta utilización extensiva del tipo penal se aleja de los principios del derecho penal liberal y vulnera garantías constitucionales básicas.

Contexto político: una justicia funcional al poder económico

El momento en que se confirma esta condena no es casual. Coincide con un clima de ajuste económico feroz y una estrategia comunicacional que busca eliminar del escenario a referentes con capacidad de liderazgo popular. En este escenario, la figura de Cristina Kirchner resulta incómoda para los intereses concentrados.

La justicia como instrumento de persecución

Hoy en Argentina, la proscripción política no se realiza con prohibiciones formales sino a través de mecanismos judiciales que simulan legalidad. Defender a Cristina no es un acto de militancia, sino una exigencia jurídica frente al avasallamiento del Estado de Derecho.

Conclusión: un precedente peligroso para la democracia

Este fallo no solo afecta a una dirigente, sino que sienta un antecedente nefasto: el de una justicia que juzga ideologías más que conductas. La lucha contra el lawfare es una lucha por preservar la independencia judicial, la división de poderes y el funcionamiento saludable de la democracia.

“Cuando la justicia se arrodilla ante el poder real, deja de ser justicia y se convierte en una herramienta de persecución.”